Obligación de consulta, por parte de establecimiento educativos, en el registro de inhabilidades por condenas de delitos sexuales, a todo el personal que vaya a ser contratado en el sector educativo y que en el ejercicio de sus funciones tengan trato directo y habitual con niños, niñas y adolescentes; es decir que vayan a tener interacción o trato personal o a través de cualquier medio tecnológico, que se genere en el ejercicio del empleo, oficio o profesión y que comporte un contacto con los menores de edad que tenga carácter habitual.

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